La petición se produce después de que la actual enviada especial de la ONU para Myanmar, Noeleen Heyzer, visitara el país la semana pasada y se reuniera solo con representantes de la junta militar y no de la oposición
Más de 864 ONG pidieron este lunes a la Asamblea General de la ONU que acabe con el cargo de enviado especial para Myanmar (Birmania), pues aseguran que ha servido para legitimar a la junta militar que tomó el poder en febrero de 2021 y no para frenar los abusos en el país.
La petición en forma de carta se produce después de que la actual enviada especial de la ONU para Myanmar, Noeleen Heyzer, visitara el país la semana pasada y se reuniera con el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, en Naipyidó.
«La larga historia de intentos de la ONU para alcanzar acuerdos de paz con los militares de Myanmar a través de los enviados especiales nunca ha cristalizado en resultados significativos, sino que ha otorgado legitimidad a los autores de atroces crímenes internacionales», reza la carta firmada por 864 ONG.
Así, las organizaciones civiles piden a la Asamblea General de la ONU que acaben con el mandato del cargo de enviado especial para Myanmar en la sesión que celebrará en septiembre y que tome medidas para que los militares birmanos respondan por los abusos y crímenes en su país.
«También hacemos un llamamiento al secretario general de la ONU (António Guterres) para que asuma un papel directo en Myanmar y tome medidas decisivas para mostrar su compromiso serio para resolver las devastadoras crisis de derechos humanos y humanitarias» en el país, solicita el comunicado.
La carta ha sido firmada por ONG de Myanmar y otros países, de las que unas 320 no han querido hace público sus nombres, con organizaciones con una larga historia de activismo como Progressive Voice, Karen Peace Support Network, Chin Human Rights Organization y ALTSEAN-Burma, entre otras.
Las ONG criticaron que la junta militar usó la visita de Heyzer como un logro diplomático y usaron las fotos de la enviada de la ONU y Min Aung Hlaing dándose la mano como propaganda en los medios oficialistas.
También criticaron que la enviada de la ONU no consiguiera reunirse con la líder depuesta en el golpe militar y nobel de paz, Aung San Suu Kyi, quien sigue detenida, y que no mencionara en su comunicado al Gobierno de Unidad Nacional, formado por políticos y activistas prodemocráticos.
«La junta es una organización terrorista según las leyes locales de Myanmar y la definición internacional. La ONU debe aplicar el mandato de la Carta de la ONU para proteger al pueblo birmano de la creciente violencia de la junta», señalan los activistas.
En su comunicado tras su visita, Heyzer indicó que pidió a Min Aung Hlaing el cese de la violencia en el país, el retorno de un Gobierno civil y democrático y también que permita que Aung San Suu Kyi regrese a su vivienda, en lugar de estar en una prisión.
La enviada especial, que expresó su preocupación por los civiles desplazados por el conflicto en Birmania, afirmó que su visita no supone una «legitimación» de la junta militar birmana.
El Ejército birmano justifica el golpe militar por un supuesto fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2020 en las que arrasó el partido de Suu Kyi, como también hiciera en 2015, con el aval de los observadores internacionales.